Los organizadores de conciertos y festivales consideran que se pone «en la cuerda floja» a promotores y artistas «al no permitirles aplazar o cancelar eventos amparados por un marco legal», así como a los consumidores, ya que, con esta tesitura, los eventos «seguirán programados»
La Asociación de Promotores Musicales (APM) ha denunciado que el Gobierno de España ha «abandonado el sector de la música en vivo al no anunciar la aplicación del estado de fuerza mayor como han hecho otros países europeos ante la crisis del coronavirus». Mediante un comunicado, el colectivo ha calificado de «tomadura de pelo» las medidas aprobadas esta semana «tras meses de negociación», que, según estiman, «se resumen» en la frase del Ministro de Cultura al ser preguntado por los festivales: «Eso se decidirá cuando llegue el momento».
Los organizadores de conciertos y festivales consideran que se pone «en la cuerda floja» a promotores y artistas «al no permitirles aplazar o cancelar eventos amparados por un marco legal».
Dado el precedente de la cancelación de eventos como FITUR o Mobile World Congress y la justificación al respecto del Ministro de Sanidad, Salvador Illa, que los entendía como «inviables» dadas las circunstancias, la APM esperaba una reacción en consonancia por parte del ministro Uribes, quien ha declarado que habrá que «esperar» para estimar «las posibilidades de realización» de espectáculos musicales en directo. «Siempre», agregaba el mandatario, «desde el minuto uno siguiendo los criterios de sanidad, científicos y el principio de prudencia». Unas declaraciones de las que se desprende que la decisión al respecto queda, de momento, aparcada: «Responderemos si se produce esa celebración o no cuando llegue el momento».
De esta manera, los promotores exponen que el Ejecutivo «solo ha aconsejado posponer los eventos en la medida de lo posible», sin tener en cuenta «la verdadera realidad del sector», el cual está siendo «empujado hacia el abismo» al no declararse «urgentemente el estado de fuerza mayor».
La larga espera // David Mars
«OTRAS MEDIDAS URGENTES»
APM también critica en su comunicado que las medidas del Gobierno «excluyan» al sector de la música en aspectos como el tratamiento del Impuesto de Sociedades o del IVA, la concesión de subvenciones directas para las salas de conciertos «y otras medidas de apoyo específicas» en relación a la ampliación de los períodos de las medidas para atender la reducción de ingresos por los derechos de propiedad intelectual de ejercicios venideros.
En lo relativo a las ayudas por desempleo para los artistas, la Asociación exige que «se extienda a todas la personas que trabajan en la cadena de valor de la industria» y pide «crear un fondo de compensación económica para otorgar una renta básica temporal a los autores, productores, músicos y profesionales por cuenta propia de la industria musical que se enfrenten a necesidades ante la paralización de su actividad». También para «aquellos autores, productores, músicos trabajadores por cuenta ajena y profesionales cuya actividad se realiza mayoritariamente por contratos de obra y servicios que no se van a llevar a cabo».
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DEVOLUCIÓN DE ENTRADAS
Según los promotores, además de la aplicación de la Fuerza Mayor, en el Real Decreto se han quedado fuera otras demandas, como la «flexibilización» de las normativas de consumo para «permitir una gestión ordenada de la cancelación o la gestión de la devolución de las entradas» de los diferentes eventos. En este sentido, Uribes sostiene que desde su Ministerio están trabajando con el sector de la música en vivo y el Ministerio de Consumo «para encontrar una solución equilibrada al tema de la devolución de entradas». Una respuesta insuficiente para la APM, al no haberse anunciado aún «ninguna medida al respecto».
Por todos ello, los organizadores de los grandes eventos musicales del país opinan que «el público queda igualmente desprotegido» al no declararse la Fuerza Mayor ya que, al «no poderse cancelar los eventos musicales multitudinarios amparados por la ley», éstos «seguirán programados y serán millones de consumidores los que quedan expuestos a perder sus reservas de hoteles y viajes».
Los festivales, en el alambre // Iñaki Espejo-Saavedra
¿QUÉ PROPONEN LOS PROMOTORES?
– Aplicar el concepto por causa de fuerza mayor para permitir la posibilidad de suspensión o aplazamiento de los eventos musicales programados antes del Estado de Alarma cuya celebración esté prevista en el año 2020.
– Flexibilización de la normativas de Consumo en relación a la devolución del importe de entradas en el caso de aplazamiento y cancelación tal y como se ha desarrollado en países como Portugal, Bélgica, Alemania e Italia, entre otros, con el objetivo de que las entradas de un evento aplazado sirva para la nueva fecha programada en un plazo entre la fecha del original evento aplazado y el 31 de diciembre de 2021.
– En la relación de la Ley del impuesto de Sociedades y al IVA:
- Reducción del tipo impositivo en el Impuesto de Sociedades en, al menos, 2 ejercicios mientras se recupere la dinámica de la actividad en el sector de la música.
- Ampliar la deducción del artículo 36 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades para incluir las actividades de producción, edición y distribución discográfica, y establecer dicha deducción en un 40 por ciento de los gastos realizados tanto para estas actividades como para la producción y exhibición de espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales e incrementar el límite en la aplicación de deducciones del mismo artículo 36 desde el 25% hasta el 50% de la cuota íntegra.
- Reducción del IVA del 21% al 10% de todos los servicios relacionados con la música en vivo y música grabada y del 10% al 4% de las entradas de la música en directo.
– Adaptación de los ERTE por el COVID-19 a la realidad de la industria de la música pudiéndose ampliar hasta que la actividad no pueda volver a la normalidad al 100%.
– Adaptación de los Fondos de Financiación del Estado por el COVID-19 a la realidad de la industria de la música, en particular a las pymes y autónomos y a figuras jurídicas como los AIE. En este sentido, dado el desfase temporal entre los periodos de recaudación y liquidación por parte de las Entidades de Gestión en materia de derechos de propiedad intelectual, extensión de las mismas medidas de apoyo acordadas para otros sectores para los períodos en que se produzcan las disminuciones de ingresos en liquidaciones de ejercicios venideros (2021, 2022) como consecuencia de las caídas de recaudación sufridas durante el periodo de aplicación del Estado de Alarma.
